La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente
Francisco Ayala
Mientras taxistas de por lo menos 24 entidades federativas se han manifestado en contra de la operación de las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT) como Uber y Cabify, y la Comisión Federal de Competencia (Cofece) ha sugerido a los gobiernos estatales adecuar sus leyes para que sí se les permita laborar; se evidencia en todo el país la necesaria modificación normativa para que los sindicatos dejen de ser instrumentos políticos, y que las concesiones se entreguen como premios a quienes colaboran con el “régimen.” En Quintana Roo ya está en puerta dicha modificación.
Según datos de los propios sindicatos de taxistas, en México hay aproximadamente un millón de concesiones, y sus dirigentes aseveran que, con la entrada desde hace dos años de Uber, la afectación a su actividad ha sido grave. El líder del Sindicato “Andrés Quintana Roo” (que se ubica en Cancún) Erick Castillo, afirmó que los 18 mil concesionarios de su agrupación fueron ya afectados; y aunque hasta ahora la normatividad quintanarroense –como la de la mayoría de entidades en el país- establece que para la prestación del servicio de transporte debe tenerse una concesión, lo que los taxistas se niegan a reconocer es que las ERT brindan servicios muy superiores en calidad y seguridad.
Sin embargo, el diputado Emiliano Ramos Hernández presentó la semana pasada una iniciativa para criminalizar a quienes operen con la plataforma de Uber, misma que el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, adelantó que no aprobarán; pero mientras los taxistas insisten en erradicar la competencia con normativas “a modo”, sus dirigentes nada dicen –ni resuelven- con respecto a la vinculación de más de dos mil 700 operadores de taxi con el crimen organizado tan sólo en el norte de Quintana Roo, datos por cierto arrojados por un estudio realizado hace poco más de dos años por el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV). Vaya que esos sí son criminales.
En lo que se resuelve la disputa, queda claro que la fortaleza de los sindicatos de taxistas ha estado fundada en su utilización política, pues han funcionado siempre como “acarreadores” de electores para favorecer al “partido en el poder” prácticamente en todo el país, porque además son los gobernantes quienes de manera discrecional entregan las concesiones; de ahí la importancia de construir o actualizar las normativas de movilidad social nacionales.
Precisamente por este contexto destaca la iniciativa que envió esta semana al Congreso local el gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín González, en la que renuncia a esa facultad discrecional de entrega de concesiones, para que desde ahora se otorguen sólo con base en los requerimientos reales, habrá que ver si el control político se mantiene; pero si lo que impera desde ahora es la competencia y las necesidades, Uber permanecerá y los sindicatos dejarán de ser “operadores electorales”, por lo menos en Quintana Roo. Ojalá todos los actores del gobierno del cambio lo entiendan ¿verdad Emiliano Ramos? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.